Editorial Jurídica de Chile

Editorial

 

El Mercurio

Lunes 01 de abril de 2013

Disolución de la Editorial Jurídica

Si se quiere apoyar la producción científico-jurídica, sería más eficiente que el Estado financie directamente a los autores en proyectos específicos -lo que hoy se hace, aunque debe profundizarse-, que contar con una editorial que causa cuantiosas pérdidas...

La crisis económica y de administración que arrastra por muchos años la Editorial Jurídica de Chile llevó a que el Senado aprobara un proyecto de acuerdo unánime, en que solicita al Presidente de la República que adopte las medidas conducentes a su disolución y que se confiera a la Biblioteca del Congreso la facultad exclusiva de editar y publicar en formato digital los textos oficiales de los códigos de la República.

Esta solicitud de disolución, resistida por el Consejo de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, cuyo decano es presidente de la referida editorial, aunque muy dolorosa, parece ser por ahora la salida más viable a esta crisis. Es lamentable, porque esa entidad tuvo un bien ganado prestigio nacional e internacional, el que, sin embargo, ha ido perdiendo gradualmente en las últimas décadas, a resultas de una pésima administración que, en la práctica, llevó a que muchos de los principales autores jurídicos decidieran escribir para otras casas, en gran parte motivados por la lentitud en obtener una publicación, los crecientes problemas de distribución y la incerteza del pago de sus derechos.

En lo conceptual, dados los grandes y crecientes requerimientos que tiene el Estado en múltiples aspectos sociales, no parece justificable que se mantenga una empresa deficitaria en ámbitos que los privados pueden desarrollar adecuadamente -edición de libros jurídicos- o que pueden ser cubiertos en forma más propia por otras entidades estatales como el Diario Oficial o la Biblioteca del Congreso -edición oficial de los códigos y leyes-.

Si se quiere apoyar la producción científico-jurídica, sería más eficiente que el Estado financie directamente a los autores en proyectos específicos -lo que hoy se hace, aunque debe profundizarse-, que contar con una editorial que causa cuantiosas pérdidas y que comprometió una enorme deuda en un ilusorio proyecto de competencia en el exterior.

Cabe esperar una pronta respuesta del Presidente de la República -atender a la petición del Senado requiere un proyecto de ley y cumplir con una serie de formalidades- para evitar que esta situación de crisis se mantenga por más tiempo. En este proceso, además de salvaguardar los derechos que corresponden a sus trabajadores, debe tenerse especial cuidado en el resguardo del fondo bibliográfico histórico de la editorial, incluidos los derechos de los autores, ya que contiene un material jurídico incuantificable e irrepetible, que no debe perderse ni ponerse en riesgo.