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Editor: Neville Blanc

Monday, May 27, 2013

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

 
 

 
Nicolás Martínez , jefe de Asesoría Técnica de la Biblioteca.

 
Los 120 diputados y los 38 senadores pueden requerir estos informes, pero también sus asesores, si es que son autorizados por los parlamentarios.
 
 

Ante caso de diputada independiente Marta Isasi:
Biblioteca del Congreso dice que no tiene capacidad para controlar uso de sus informes

En 2012, se asesoró a la comunidad parlamentaria con la elaboración de 4.000 de estos documentos.

RIENZI FRANCO

El Mercurio Santiago de Chile
lunes 27 de mayo de 2013
Actualizado a las 6:24 hrs.

 
El director de la Biblioteca del Congreso, Manuel Pérez Guíñez, fue convocado el jueves pasado para exponer ante la Comisión de Ética de la Cámara por el caso de la diputada Marta Isasi.

Su presencia fue solicitada después de que el ex asesor de la parlamentaria, Georgio Carrillo, fuera vinculado con la venta de un informe por 25 millones de pesos a Corpesca.

Lo inusual de esta transacción radica en que el material fue solicitado a la Biblioteca del Congreso -según consta en los correos electrónicos intercambiados entre Corpesca y Carrillo-, antecedentes que son parte de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Ante este escenario, el jefe del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, Nicolás Martínez, dijo a "El Mercurio" que "el uso que se haga de nuestros documentos es algo que naturalmente escapa a nuestras posibilidades de seguimiento".

Martínez explica que a contar de "la referencia que arranca de un reportaje, en un correo entre cuyos adjuntos aparecen nomenclaturas que nosotros usábamos", se investigó internamente el ahora cuestionado requerimiento.

Según agrega Martínez, este tipo de peticiones son comunes, pues solo durante "el año pasado produjimos para la comunidad parlamentaria alrededor de 4.000 productos", por lo que asegura que "casos como estos son aislados en ese contexto".

Procedimiento

El procedimiento para entregar este tipo de informes -orientado al ejercicio de las tres funciones del Parlamento: representación, fiscalización y la legislación- se inicia en el servicio de asesoría parlamentaria del Departamento de Estudios, Extensión y Publicación de la Biblioteca del Congreso.

Esta entidad cuenta con un equipo de 30 profesionales que se encargan de las áreas de economía, políticas sociales, análisis legal, gobierno y recursos naturales.

A ellos, según fija un protocolo que data del año 2009, se les asignan los pedidos de los presidentes de las comisiones, los encargados de las secretarías de comisiones, los parlamentarios y asesores acreditados, quienes son los únicos autorizados para solicitar informes a la Biblioteca del Congreso.

Justamente, en esta última categoría está Carrillo, quien como asesor directo de Isasi podía solicitar asesoría parlamentaria. Al margen de la indagación judicial, uno de los requisitos para concretar la petición es adjuntar un visado con la firma del diputado o senador requirente, como ocurrió en el caso de la diputada independiente Marta Isasi.

A esto se suma que no existe restricción para la solicitud, es decir, es posible que una persona vinculada a un área específica pueda también pedir sobre otras materias distintas.

Resuelta la petición, el equipo a cargo elabora un informe, una minuta, o bien se da como respuesta una asesoría verbal según corresponda.

En el caso de que la entrega culmine con un documento escrito, este es acompañado por un oficio que certifique la labor desarrollada; además la información del requirente se ingresa a una base de datos.

Responsabilidades

Para el presidente de la comisión de Ética, diputado Patricio Vallespín (DC), fue relevante oír los argumentos del director de la Biblioteca.

"Principalmente Pérez acudió para explicar que no hay responsabilidades de la Biblioteca del Congreso en las irregularidades que se investigan" por el caso Marta Isasi, dijo Vallespín.

El parlamentario por Los Lagos agregó que la audiencia era relevante "para deslindar responsabilidades" y aclarar "hasta qué punto los procedimientos se ajustan a las normas de la Cámara".

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''El uso que se haga de nuestros documentos es algo que naturalmente escapa a nuestras posibilidades de seguimiento".

NICOLÁS MARTÍNEZ
JEFE ASESORÍA TÉCNICA PARLAMENTARIA

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